Pie de foto: Funcionarios del Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra informan a la ciudadanía a través de entrevistas en medios y socialización en el auditorio de la institución.
El Registro de la Propiedad del Cantón Ibarra se encuentra en un proceso de socialización de la nueva Ordenanza recientemente sancionada, la cual actualiza y moderniza un marco normativo que no se revisaba desde el año 2011, mientras que la tabla de cobros permanecía sin cambios desde el 2003. La institución ha desarrollado una agenda de medios y reuniones presenciales tanto a nivel interno, con todos sus funcionarios, como a nivel externo con el Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE), notarios, INNOVA, MAGAP, Consejo de la Judicatura y direcciones municipales con el objetivo de que la ciudadanía conozca de primera mano los beneficios y cambios que establece este nuevo cuerpo normativo.
Principales beneficios para la ciudadanía
- Sin incremento en la mayoría de trámites: Más del 80% de inscripciones, correspondientes a bienes de hasta 90 mil dólares, mantienen su costo actual, apoyando proyectos sociales y créditos preferenciales.
- Reducción en aclaraciones: Antes, cuando una escritura tenía errores y debía corregirse, la ciudadanía tenía que pagar nuevamente el valor completo de la inscripción. Por ejemplo, si costaba $200, la aclaración también valía $200. Con la nueva Ordenanza, estos trámites ahora se pagan con un valor reducido al 25% del original; en el mismo caso, solo $50. Esto representa un ahorro importante y un beneficio directo para la ciudadanía.
- Exoneraciones: Adultos mayores y personas con discapacidad acceden a un 50% de descuento en los aranceles, conforme lo establecen las leyes vigentes.
- Justicia en casos de homónimos: Antes, en este tipo de procesos las personas no solo debían soportar el malestar y el tiempo invertido, sino también pagar nuevamente por la aclaración de un error que no les correspondía. Ahora se ha dispuesto que dicha inscripción no tenga costo, en beneficio de la ciudadanía. Cabe señalar que estos casos son mínimos y no generan un impacto negativo para la institución, pero sí representan un acto de justicia para los usuarios.